El escándalo surgido en torno al nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, ha venido a poner de manifiesto una de las mayores lacras de nuestra sedicente democracia: la ocupación por ex altos cargos y militantes del partido del Gobierno de los puestos de dirección de organismos reguladores e instituciones del Estado.
El escándalo surgido en torno al nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, ha venido a poner de manifiesto una de las mayores lacras de nuestra sedicente democracia, cual es la ocupación por ex altos cargos y militantes del partido del Gobierno de los puestos de dirección de organismos reguladores e instituciones del Estado teóricamente encargados de fiscalizar la labor del Ejecutivo, lacra responsable en gran medida de la muy pobre calidad de nuestra democracia, hasta el punto de que su corrección se ha convertido por derecho propio en meta de cualquier intento serio de regeneración del sistema. Las presidencias del TC, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del Banco de España (BdE), del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, del Consejo de Estado... por no hablar de esa macro non nata Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), están en manos de antiguos dirigentes y militantes del PP, cuya independencia a la hora de vigilar la acción de Gobierno al que deben el cargo es cero o próxima a cero. En el lacerante turnismo que padecemos, cuando Gobierna el PP mandan los hombres del PP en los órganos de regulación; cuando gobierna el PSOE, lo hacen los del PSOE.
Pérez de los Cobos fue nombrado magistrado del TC en diciembre de 2010. Diecisiete meses después, el 19 de junio pasado, fue elegido presidente, sin que ni antes ni después hiciera pública su militancia en el PP. Fue la semana pasada cuando se supo (su nombre aparece incluido en la lista Bárcenas de donantes y afiliados del partido entre 2008 y 2011) que, al menos hasta 2011, el susodicho había pagado religiosamente su cuota como afiliado de base. Aun admitiendo que, como se ha encargado de hacer saber el propio TC, “la Ley Orgánica de este Tribunal no prohíbe que sus Magistrados puedan pertenecer a partidos políticos y sólo les impide ocupar cargos de carácter directivo dentro de los mismos, pues una posible afinidad ideológica no es en ningún caso factor que mengüe la imparcialidad para juzgar los asuntos que debe decidir”, es más que evidente que la militancia partidaria del presidente del TC es una cuestión ética y estéticamente reprobable, algo que pone en evidencia más que mil discursos el grado de envilecimiento a que ha llegado esta peculiar democracia española.
Asombrarse de lo ocurrido con el presidente del Constitucional es un puro ejercicio de fariseísmo
Se podrá argüir, y con razón, que asombrarse de lo ocurrido con Pérez de los Cobos es un puro ejercicio de fariseísmo teniendo en cuenta que todos los magistrados del TC llevan grabado en la frente las siglas del partido político al que pertenecen –siete al sector conservador, cinco al progresista-, puesto que todos han sido nombrados por los partidos. ¿De qué escandalizarse, entonces? La degradación, en forma de ruptura de esa separación de poderes que predicaron Locke y Montesquieu hace ya siglos, conscientes de la necesidad de controlar al Poder a través de un sistema de contrapesos y equilibrios (checks and balances) para garantizar la libertad de los ciudadanos, empezó en España en los años ochenta, con la decisión del Gobierno de Felipe González de hacer tabla rasa del mandato constitucional al respecto, principio del fin de un proceso que nos ha conducido hasta el Estado de Corrupción en que hoy navegamos. La clase política se dio pronto cuenta de que, para poder hacer y deshacer a su antojo, necesitaba cubrirse las espaldas de la impunidad con el control político del nombramiento de jueces.
Ruiz-Gallardón ha culminado este mismo año la labor de sometimiento de los órganos de gobierno del poder judicial al poder político con la reciente reforma del CGPJ, cuyos vocales serán elegidos a partir de ahora en su totalidad por el Parlamento. Teniendo en cuenta que el Consejo es responsable del nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo (TS), la obra de Gallardón, obviamente alentada y consentida por el presidente Mariano Rajoy, acaba definitivamente con los últimos coletazos de independencia de la Justicia y viene a establecer para la clase política esa “justicia aparte” de la que ya venían disfrutando algunos renombrados financieros, caso de Emilio Botín y, naturalmente, la familia real. Los beneficiarios del Régimen, esa alianza entre la clase política y la élite financiera, con la Corona como punta de lanza, que dirige el baile desde la Transición, se blinda definitivamente acabando de una vez por todas con la independencia de la Justicia. Los dueños del sistema han perdido la vergüenza. Caretas fuera.
El Tribunal Supremo está de rebajas
No es de extrañar, por eso, que el Supremo se haya colocado estos días y en esta enlutada España en el centro de todas las sospechas, después de haber archivado la causa que se seguía contra el exministro José Blanco por supuesto delito de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en el caso Campeón; de librar al expresidente balear Jaume Matas de pisar la cárcel, reduciendo su pena de seis años a nueve meses, y de archivar la investigación abierta por presunto cohecho a la presidenta navarra, Yolanda Barcina. Como señalaba el jueves en Vozpopuli Federico Castaño, la buena relación que mantiene Gallardón con Pérez Rubalcaba y con el exministro del Interior socialista Antonio Camacho, alimenta las sospechas de un pacto judicial soterrado entre PP y PSOE para, con la Corona por garante, esconder los casos de corrupción respectivos más sangrantes, evitar hacerse mutuamente daño y velar por la imagen exterior de España. La ya comentada aquí “Operación Tijera”.
Esta misma semana, Gallardón condecoraba al que ha sido ponente de la sentencia exculpatoria de José Blanco, el ex FGE socialista Carlos Granados
Se explica así que el PSOE apenas haya levantado la voz ante lo que muchos de sus diputados definen como “la toma del CGPJ por parte del PP”, operación antes aludida que terminará de cerrarse el próximo 24 de septiembre con la renovación de sus 20 vocales. En los últimos meses, el cambio de cromos Gobierno-PSOE en el ámbito judicial ha sido constante, entre otras razones porque ambos tienen casos pendientes de enorme trascendencia que pueden acabar en la dársena del TS. Esta misma semana, Gallardón condecoraba al que ha sido ponente de la sentencia exculpatoria de José Blanco, el ex FGE socialista Carlos Granados, junto a compañeros que ocuparon el mismo cargo como Jesús Cardenal o Cándido Conde-Pumpido. Ni que decir tiene que la decisión de la Sala de lo Penal del Supremo de reducir la pena a Matas ha llenado de satisfacción en La Zarzuela –lo comentaba el viernes en este diario José A. Vara-, que considera el recorte un varapalo en toda regla al juez José Castro -instructor del caso Nóos (Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina-. Justicia maniatada e tutti contenti.
La militancia del presidente del TC es apenas el último ejemplo de ese fenómeno que los españoles se han acostumbrado a considerar como normal, consistente en la ocupación por el poder político de los órganos de regulación encargados de controlar al Ejecutivo. Tras la mayoría absoluta de noviembre de 2011, el PP ha colocado en la cabecera de tales organismos a ex altos cargos y militantes del partido, a pesar del carácter oficialmente independiente de los mismos, ello siguiendo la pauta iniciada en 1996 por el Gobierno Aznar, con Rodrigo Rato, su hombre fuerte en Economía, a cargo de los nombramientos. La CNMV (Elvira Rodríguez, quien en el momento de ser nombrada todavía era diputada del PP); el Tribunal de Cuentas (Ramón M. Álvarez de Miranda); el Defensor del Pueblo (Soledad Becerril, diputada popular durante tres legislaturas); el Consejo de Seguridad Nuclear (Fernando Martí, ex secretario de Estado de Energía); el Consejo de Estado (J.M. Romay Beccaria, mentor político de Rajoy) o el Banco de España (Luis María Linde, amigo personal de Luis de Guindos), son otras tantas instituciones cuyas presidencias han sido entregadas a militantes PP.
Todos los españoles pagan la ausencia de competencia
En pleno delirio por la ocupación de cualquier espacio de poder, el Gobierno Rajoy ha tomado una iniciativa que, más propia de un Estado totalitario que de una democracia parlamentaria, pretende reagrupar la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), tres organismos clave para la existencia efectiva de competencia en el mercado, en uno solo, que ha bautizado como Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y que sin duda también se apellidará “independiente”. Naturalmente, los actuales responsables de CNC, CNE y CMT (Joaquín G. Bernaldo de Quirós, Alberto Lafuente y Bernardo Lorenzo), que no han sido renovados en esta Legislatura, son de estricta obediencia socialista, comme il faut. El Ejecutivo tiene reservado el cargo de presidente de esta futura CNMC a un PP pata negra, un hombre de la absoluta confianza de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, que es quien pastorea esta novedad legislativa.
El Ejecutivo tiene reservado el cargo de presidente de esta futura CNMC a un PP pata negra, de la confianza de la vicepresidenta Soraya
El escándalo, no obstante, es tan morrocotudo; la pretensión, tan obscena, que el proyecto se encuentra encallado, después de que hasta la propia Comisión Europea haya amenazado a España con abrirle un expediente si el Gobierno sigue adelante con su plan. A la vicepresidenta Neelie Kroes, recién caída del guindo, le preocupa que la CNMC “no lleve a cabo una regulación efectiva e imparcial”. ¡Acabáramos!. Hacer tabla rasa de los organismos reguladores teóricamente encargados de controlar los abusos del Ejecutivo no es solo una cuestión de estricta calidad democrática, sino también una seria amenaza para el desarrollo económico del país, muy aquejado por la falta efectiva de competencia en la mayoría de los sectores, consecuencia de la capacidad de presión de los grupos económico-financieros sobre el poder político, y una pérdida efectiva del poder de compra de los ciudadanos, de su nivel de vida, en suma, en tanto en cuanto ello les obliga a pagar un precio superior al que afrontan la mayoría de sus conciudadanos europeos por los bienes y servicios que consumen.
Sin Justicia efectiva y sin órganos reguladores independientes. Tal es la situación de postración en que hoy malvive la mal llamada democracia española, enferma de esa corrupción galopante que diariamente ocupa la actualidad. Ni una sola reacción en la clase política que apunte a la esperanza. Al señor De los Cobos no se le ha ocurrido dimitir porque nadie en los aledaños del Poder que le ha nombrado le ha indicado que lo haga. Como tantas veces se ha repetido aquí, tendrán que ser los propios ciudadanos quienes se exijan e impongan el saneamiento integral de las instituciones. Quedan dos años largos de Legislatura, cierto, pero habrá que empezar a movilizar a los españoles en la tarea de negar el voto a aquellas formaciones que no planteen esa regeneración, bajo la única fórmula que a estas alturas se antoja posible: la apertura de un proceso constituyente. Los lectores de Vozpopuli saben que nos tendrán a su lado en esa aventura democrática, justo a la cabeza de la manifestación.
COMENTARIO DE LA CASA
PODER, PODER, PODER, CADA VEZ MAS ES COMO UNA DICTAURA, COPAR TODO EL PODER PARA ASI TENER TODO CONTROLADO, Y QUE SOLO HAY UN CAMINO. QUE GRAN VERGUENZA DE DEMOCRACIA
¿Entonces son 12h. de trabajo? ¿Cuánto pagan?
